Más de veinte instituciones, entre las que se encuentran universidades nacionales, sindicatos, organizaciones vinculadas a la comunicación, radio comerciales chicas y comunitarias presentaron un dictamen jurídico sosteniendo la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522/09. El documento fue presentado en calidad de amicus curiae, es decir como “amigos del tribunal”, ante la justicia federal de Salta.
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El juez federal Miguel Medina es uno de los dos magistrados que suspendió temporalmente la ley que se aprobó el año pasado en el Congreso Nacional y de cuyo contenido participaron decenas de entidades públicas, privadas y estatales. Entre los firmantes del documento presentado están el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las facultades de comunicación, ciencias sociales y periodismo de varias Universidades Nacionales - entre las que se encuentra la Universidad de Quilmes, representantes de trabajadores de la comunicación, entre otras entidades, y el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).
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